El juez penal de garantías especializado en Crimen Organizado, Osmar Legal, autorizó al Ministerio Público la extracción íntegra de los datos de tres teléfonos celulares incautados en el marco de la investigación penal al expresidente de Santiago Peña.


El juez penal de garantías especializado en Crimen Organizado, Osmar Legal, autorizó al Ministerio Público la extracción íntegra de los datos de tres teléfonos celulares incautados en el marco de la investigación penal al expresidente de la República Santiago Peña y otras personas, que habrían integrado un esquema criminal para beneficiar al Grupo Vázquez y a Ueno Bank. Los teléfonos fueron incautados del Regimiento Escolta Presidencial y de la mansión de Peña ubicada en San Bernardino.

Según el juzgado, resulta razonable considerar que los dispositivos podrían contener información de interés para la investigación, tales como comunicaciones, registros de llamadas, mensajes, archivos, documentos, imágenes y demás datos almacenados que eventualmente permitan establecer la existencia de vínculos entre las personas investigadas, las comunicaciones mantenidas entre ellas y otras circunstancias
relacionadas con los hechos objeto de investigación.

«La diligencia requerida tiene por finalidad obtener elementos de información que puedan contribuir a la reconstrucción de los acontecimientos investigados, así como al esclarecimiento de las circunstancias en que se habrían desarrollado los hechos atribuidos, sin que ello implique adelantar opinión alguna respecto de la responsabilidad penal de las personas sometidas al procedimiento», señala el fundamento.

Los dispositivos son tres teléfonos iPhone, cuya pericia estará a cargo de un funcionario del Departamento de Informática de la Policía Nacional, quien deberá examinar los aparatos y sus respectivas tarjetas SIM, con el objetivo de recuperar mensajes, llamadas, archivos, fotografías, videos, documentos, contactos y datos de geolocalización, entre otros elementos que puedan guardar relación con los hechos investigados.

La autorización también contempla la búsqueda y recuperación de información eliminada, así como la identificación de aplicaciones bancarias, financieras, billeteras electrónicas y plataformas de criptoactivos, junto con eventuales registros de transacciones. El periodo de análisis comprende desde enero de 2023 hasta noviembre de 2026. No obstante, el magistrado estableció que la extracción deberá limitarse a los datos relacionados con los hechos imputados y que no se podrá ingresar a servicios en línea ni a cuentas almacenadas en la nube utilizando las credenciales encontradas en los dispositivos.

Además, las defensas tienen un plazo de 72 horas para designar sus propios peritos y proponer puntos de pericia. El juez fijó para el viernes 27 de noviembre, a las 09:30, la comparecencia del perito ante el juzgado para prestar juramento y para que los fiscales presenten los teléfonos que serán sometidos al análisis.

Una vez concluida la extracción, los resultados deberán ser remitidos al juzgado, que tendrá a su cargo determinar cuáles comunicaciones y registros guardan relación con la investigación. Los datos que no tengan vinculación con el proceso deberán ser destruidos, conforme a lo dispuesto por el magistrado.

FUENTE: MEGACADENA