Una denuncia por presunto mal desempeño y posibles faltas disciplinarias fue presentada contra el agente fiscal Enrique Forneron ante la Fiscalía General Adjunta (Área V), a raíz de un pedido de postergación de un juicio oral previsto para el próximo 17 de agosto de 2026 en Encarnación.

La presentación fue realizada por la defensa de Hermann Volker Klann, procesado por un supuesto hecho de invasión de inmueble ajeno. Su abogado, Javier Oviedo Amaral, cuestionó los argumentos utilizados por el representante del Ministerio Público y calificó el pedido como una presunta “chicana institucional” que podría generar una demora en el desarrollo del proceso.

Según la defensa, Forneron habría solicitado el aplazamiento del debate argumentando superposición de actividades en su agenda laboral, la supuesta complejidad probatoria de la causa y la necesidad de coordinar una estrategia de litigación con otros agentes fiscales.

El escrito sostiene que estas razones resultarían contradictorias con actuaciones anteriores del Ministerio Público. La defensa señala que, durante las primeras etapas del proceso, la imputación habría sido presentada de manera acelerada y que posteriormente la acusación formal fue presentada en un plazo inferior a 12 horas.

Para los representantes de Klann, esa rapidez procesal demostraría que, en aquel momento, la Fiscalía no consideraba que la causa presentara una complejidad que pudiera impedir su avance.

Asimismo, cuestionan que durante la audiencia preliminar el propio fiscal Forneron habría defendido la necesidad de que el acusado enfrentara un juicio oral, mientras que ahora solicita la postergación del debate previsto.

La denuncia invoca disposiciones de la Ley Orgánica del Ministerio Público y del Código Procesal Penal relacionadas con los principios de objetividad, celeridad y responsabilidad.

En su presentación, la defensa solicita la apertura de una investigación administrativa contra Forneron, la remisión de los antecedentes a la Inspectoría General del Ministerio Público y la elevación del caso al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

La controversia se produce a pocos días de la fecha fijada para el juicio, por lo que será la autoridad competente la que deberá analizar los argumentos de las partes y determinar si corresponde adoptar alguna medida respecto a la actuación fiscal cuestionada.