En una reciente entrevista con el Diputado Carlos Pereira, se discutieron las reformas a la pensión de adultos mayores, destacando la eliminación del censo previo y la introducción de edades mínimas diferenciadas para comunidades indígenas y personas con discapacidad. Estas modificaciones son parte de una ley que unifica cuatro proyectos presentados por diferentes sectores, cuyo objetivo es establecer el derecho a una pensión universal y otros beneficios para las personas mayores.

Una de las principales innovaciones de esta legislación es la inscripción automática en el programa de pensión alimentaria, lo que elimina la necesidad de un censo previo para futuros beneficiarios. Actualmente, el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) administra el Programa de Pensión a Adultos Mayores en situación de vulnerabilidad.

La nueva normativa estipula que la incorporación al programa debe concretarse en un plazo de 60 días una vez que la persona alcanza la edad mínima requerida, buscando garantizar la universalidad del beneficio para aquellos adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad. 

El acceso al programa se mantiene a partir de los 65 años, priorizando a los mayores; sin embargo, se establece que en comunidades indígenas podrán ingresar desde los 55 años y las personas con discapacidad desde los 60. 

En cuanto a los criterios para la inclusión en el listado de beneficiarios, se han consensuado requisitos como no percibir remuneraciones del sector público o privado, no ser contribuyente del impuesto a la renta personal, no haber declarado ingresos superiores a dos salarios mínimos mensuales y no poseer más de 30 cabezas de ganado. Además, los adultos mayores con seguro del IPS como adherentes podrán beneficiarse del programa.

El monto de la pensión se fijará en el 25% del salario mínimo, con ajustes automáticos conforme a la variación del mismo. El Diputado Pereira anticipó que se prevé la inclusión gradual de 30 mil personas por año, siempre que se garanticen los fondos necesarios para los pagos. Una ventaja significativa de este nuevo enfoque es que las personas malintencionadas que actuaban como intermediarios ya no podrán ofrecer “servicios”, ya que el proceso será totalmente automático.