El caso conocido como mafia de los pagarés sumó dos condenas mediante procedimiento abreviado. El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, impuso dos años de prisión a los abogados Patricia Adriana Parodi Cantero y Blas Antonio Rodríguez Galeano. Ambos admitieron los hechos atribuidos por el Ministerio Público.

La ejecución de las penas quedó suspendida a prueba durante dos años. Parodi deberá realizar una reparación social de G. 75 millones, mientras que Rodríguez aportará G. 88 millones. El juzgado también ordenó levantar las medidas cautelares que pesaban sobre ambos en esta causa.

La Fiscalía acusó a Parodi por prevaricato, uso de documentos públicos de contenido falso y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso. Rodríguez fue acusado por prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso. La investigación abarcó procesos civiles tramitados ante el entonces juez de Paz de La Recoleta, Víctor Nilo Rodríguez Acosta.

Según la acusación, notificaciones, intimaciones de pago y otras diligencias figuraban como realizadas aunque presuntamente no se habían practicado. Con esas constancias, los procesos continuaban hasta obtener resoluciones favorables a las pretensiones de los acreedores. En el caso de Parodi también fue considerada su actuación como oficial de justicia. La Fiscalía individualizó, además, 88 expedientes en los que Rodríguez intervino como abogado de Satec S.A.

Durante la audiencia preliminar, ambos solicitaron acogerse al procedimiento abreviado previsto en los artículos 420 y 421 del Código Procesal Penal. Parodi y Rodríguez reconocieron los hechos. Aunque inicialmente sostuvo que tenía elementos para llevar la causa a juicio oral, el Ministerio Público aceptó finalmente una pena de dos años para cada acusado. 

El magistrado verificó que las admisiones fueron realizadas de manera libre y consciente. También consideró los expedientes, informes, documentos y demás elementos reunidos durante la investigación. Para suspender la ejecución de las condenas, tuvo en cuenta que ambos carecían de antecedentes penales, reconocieron los hechos y asumieron compromisos de reparación. Deberán comparecer trimestralmente ante el Juzgado de Ejecución, informar cambios de domicilio y registrar entradas y salidas del país. 

Los G. 75 millones de Parodi serán destinados al Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu, con G. 20 millones; Hospital de San Lorenzo, G. 20 millones; Hospital Materno Infantil Reina Sofía, G. 10 millones; y Hospital General Materno Infantil San Pablo, G. 25 millones. Este último monto será abonado en 24 cuotas. Rodríguez distribuirá G. 50 millones entre la Residencia Geriátrica Gijón Róga, Hospital de Trauma, Bomberos de San José de los Arroyos, Cristina Danise Martínez Ayala y el Club de Leones Barrio Bernardino Caballero. Los G. 38 millones restantes irán al Departamento de Búsqueda de Prófugos de la Policía Nacional, también en 24 cuotas.

Fuente: ABC Color/RDN