El gobierno liderado por el presidente José Antonio Kast dio a conocer un nuevo balance de su severa política de control fronterizo. Ayer domingo, despegó desde el territorio nacional una aeronave de la Fuerza Aérea de Chile con 40 personas deportadas a bordo, marcando de esta forma el séptimo vuelo de expulsión. Las autoridades confirmaron que, con la culminación de este último operativo, el Estado ya ha alcanzado la considerable cifra de 1.174 extranjeros expulsados en lo que va del año 2026, estableciendo un ritmo inédito.

Un operativo récord en los primeros meses de gestión

Según el reporte oficial entregado por las autoridades, el grupo de 40 extranjeros devueltos a sus respectivos países de origen estaba conformado por ciudadanos de Colombia (20), Bolivia (12) y Ecuador (8). Del total de pasajeros que abordaron este séptimo vuelo militar, 28 personas fueron expulsadas por la vía administrativa, es decir, por infracciones graves y reiteradas a la ley migratoria nacional. Las 12 personas restantes enfrentaban causas judiciales mayores.

El director de Migraciones, Frank Sauerbaum, explicó en rueda de prensa que el grupo de deportados por vía judicial estaba procesado por delitos de altísima connotación social. “Hablamos de robo con violencia, robo con intimidación, tenencia de armas, ley de drogas y también abuso sexual”, detalló el funcionario, subrayando el marcado enfoque de seguridad pública.

La crisis sistémica y el complejo éxodo venezolano

A pesar del notable aumento en la velocidad de las deportaciones, el panorama general sigue siendo un desafío monumental para La Moneda. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) calcula que actualmente residen en Chile más de 330.000 extranjeros en situación irregular. A las expulsiones forzadas por el Estado se suma un fenómeno paralelo que ha cobrado fuerza: el retorno voluntario. La Dirección de Migraciones reportó que en lo que va del año, 6.384 inmigrantes en situación irregular decidieron abandonar el país sudamericano por sus propios medios.

La comunidad venezolana protagoniza casi la totalidad de este éxodo de retorno. El Ministerio del Interior informó que cerca del 77% de quienes han salido por decisión propia (unas 4.896 personas) son ciudadanos de Venezuela. Un dato humanitario que llamó poderosamente la atención de las autoridades locales es que 911 de estas salidas se produjeron de manera inmediata tras el devastador doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio.

El verdadero cuello de botella para la administración de Kast reside en las órdenes de expulsión que la justicia ya ha dictado, pero que materialmente no se pueden ejecutar. Diversos reportes estiman que existen más de 75.000 resoluciones migratorias pendientes de materialización. De estas, aproximadamente la mitad corresponde a ciudadanos venezolanos. El obstáculo principal es netamente diplomático: la abrupta ruptura de relaciones ordenada desde Caracas el 24 de julio del 2024, cuando Nicolás Maduro decidió el retiro de todo el personal diplomático y el cierre indefinido de la Embajada en Santiago. Curiosamente, la reciente tragedia sísmica podría abrir una ventana de diálogo. Tras el envío de ayuda humanitaria chilena, el subsecretario Pavez, quien viajó a entregar los suministros, aseguró que el gobierno ve una “oportunidad” para “aprovechar de manera respetuosa” esta coyuntura y lograr recomponer un puente con el Palacio de Miraflores.

El Plan Escudo Fronterizo y las promesas de mano dura

Las expulsiones integran una estrategia mayor del presidente Kast: el Plan Escudo Fronterizo. Esta obra insignia incluye la construcción de una inmensa zanja en el desierto de Atacama para frenar el paso clandestino desde Perú y Bolivia.

En paralelo a la seguridad física, el Ejecutivo impulsa un proyecto de ley en el Congreso para tipificar la migración irregular como delito penal. De aprobarse, marcará un giro histórico en la jurisprudencia del país sudamericano.

FUENTE: EFE/LA TRIBUNA