El fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón, se refirió sobre las denuncias por casos de nepotismo en el Congreso Nacional argumentando que el Ministerio Público debe centrarse en el régimen estricto del principio de la legalidad, con la existencia de evidencias que motiven a la apertura de un proceso penal, más allá de que la situación sea cuestionable desde el punto de vista moral.

“Es la obligación del Ministerio Público ver si es de acontecimiento penalmente relevante, es ver si es doloso, que es lo que nos interesa o simplemente culposo. Estás son las líneas abiertas de investigación y la creación de grupos de trabajo. Yo mencioné que este tipo de circunstancias irritan a la ciudadanía porque crea privilegios entre personas, porque rompe con la igualdad de competencia lo que motiva al pueblo, entonces también podrían originarse y motivarse otros hechos”, indicó Rolón.

Las declaraciones de Rolón surgieron tras la designación de un equipo de agentes fiscales para investigar los casos de nepotismo que fueron denunciados contra las autoridades y sus familiares que ingresaron al Legislativo sin previo concurso de méritos.

“El principio de legalidad, artículo 1 del Código Penal nos obliga a hacer este tipo de exámenes, ya no estamos en un proceso inquisitorial. Las justificación de mis requerimientos tienen que versal en las evidencias que tenga al respecto. Se le dio nombres jocosos al nepotismo originarios, hoy hablamos de nepobabies, nepopatoteros, hasta nepoloros, entonces fijémonos como pierde la connotación penal ya esto”, comentó.

Agregó que “más allá de esa parte jocosa del pueblo, cuando existe un acontecimiento que tiene la connotación delictual es deber del Ministerio Público investigar, en ocasiones incluso probablemente no sea un hecho punible, pero justamente el informarse y evaluar todo lo que se tiene le permitirá a la institución tomar una salida loable a lo que la ley pretende”.

Equipo designado

Los agentes designados por el titular del Ministerio Público son Diego Arzamienda, Francisco Correra y Jorge Arce. El proceso investigativo se realizarán bajo la coordinación de la fiscal adjunta Matilde Morena Irigoitia. La denuncias formuladas apuntan a los hechos punibles de tráfico de influencias, lesión de confianza y cobro de indebido de honorarios y nepotismo.

“Para nosotros es un compromiso jurídico, desde nuestra asunción hemos dicho que nuestro norte es el Estado de derecho, la existencia de una norma infringida y la existencia de evidencias. Más allá de las críticas y los mensajes que el pueblo mismo emita me parece interesante que entremos en un debate jurídico, yo estoy plenamente de acuerdo que es el camino. A veces es probable que la gente tenga todavía la cultura de lo inquisitivo y cree simplemente en la voluntad positiva o negativa de una persona, las instituciones deben funcionar y este es el mecanismo para ir avanzando en todo lo que es la reforma penal”, indicó el fiscal general.

Fuente: LA NACIÓN