Con el objetivo de fortalecer la gestión institucional y unificar criterios de actuación, la Fiscalía Adjunta del Área V, correspondiente al departamento de Itapúa, llevó adelante una jornada de trabajo en el marco del Ciclo de Lineamientos Jurídicos impulsado por el Ministerio Público.

La actividad se desarrolló en la nueva sede de la Fiscalía Regional de Encarnación y estuvo encabezada por la fiscal adjunta Fabiola Molas. Del encuentro participaron agentes fiscales de la Fiscalía Regional de Encarnación, así como representantes de las Unidades Especializadas de Delitos Ambientales, Lucha contra el Narcotráfico, Maltrato Animal y otras dependencias especializadas.

También formaron parte de la jornada fiscales provenientes de las sedes zonales de Mayor Otaño, Colonias Unidas, Edelira, Coronel Bogado y María Auxiliadora, quienes compartieron experiencias y analizaron criterios jurídicos aplicables a la labor diaria del Ministerio Público.

Durante la reunión se abordaron diversos temas considerados estratégicos para la gestión fiscal. Entre ellos, se destacó el análisis de los procedimientos relacionados con la investigación de hechos punibles de violencia familiar, el sistema de asignación de denuncias por incumplimiento del deber legal alimentario y el seguimiento de la gestión vinculada a la depuración de evidencias.

Asimismo, se desarrollaron lineamientos específicos sobre la intervención fiscal en las Elecciones Internas Simultáneas 2026, previstas para el próximo 7 de junio. En ese sentido, se recordaron las disposiciones establecidas en la Resolución F.G.E. N.º 1867/2026, mediante la cual fueron designados agentes fiscales para actuar en causas relacionadas con posibles delitos electorales.

El encuentro permitió además debatir mecanismos orientados a optimizar el trabajo fiscal, fortalecer las buenas prácticas institucionales y promover una actuación coordinada entre las distintas unidades y dependencias del departamento.

Estas jornadas forman parte de una estrategia impulsada por la Fiscalía General del Estado para fortalecer las capacidades técnicas de los agentes fiscales, consolidar criterios de actuación y garantizar una respuesta más eficiente, uniforme y cercana a las necesidades de la ciudadanía.