La Unidad Anticorrupción del Ministerio Público solicitó el cierre de la causa “pupitres de oro” al concluir que, a su criterio, no existió perjuicio patrimonial en la millonaria compra de muebles de procedencia china para las escuelas. Tras una investigación, los fiscales determinaron que los precios pagados son razonables y que la totalidad de los equipos fue entregada en instituciones de todo el país.

Los agentes fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Luis Piñánez García, Luz Guerrero Moral y Christian Benítez Cáceres, presentaron ante el Juzgado Penal de Garantías el pedido de desestimación de la denuncia contra el director de Itaipú, Justo Zacarías Irún, en el caso “pupitres de oro”.

La investigación, identificada como la causa n.º 3949/2025, se centraba en el supuesto hecho punible de lesión de confianza relacionado con la adquisición de mobiliario escolar de procedencia china.

Según el documento, el Ministerio Público sostiene que, tras las diligencias realizadas, los hechos denunciados no constituyen un hecho punible. La Fiscalía argumenta que no se cumplen los presupuestos necesarios para sostener una acusación, principalmente debido a la falta de un perjuicio económico real para el Estado.

¿Hubo sobrecostos en los pupitres?

La denuncia inicial, presentada por legisladores en marzo de 2025, señalaba que los muebles habrían sido adquiridos con una “sobrefacturación grosera”. Los denunciantes alegaban que mientras el costo de importación desde China era de unos 15 a 30 dólares por conjunto, Itaipú terminó pagando un promedio de 96 dólares por cada pupitre chino.

Sin embargo, la investigación fiscal rectificó estos números mediante informes técnicos de la Dirección de Análisis de Información Estratégica. Los expertos explicaron que al precio de importación se le deben sumar obligatoriamente costos de logística, transporte a más de 1.300 escuelas en todo el territorio nacional, ensamblaje, seguros, impuestos y gastos operativos.

Al incluir todas estas variables, el Ministerio Público concluyó que el precio final es “razonable desde el punto de vista técnico y económico”.

Precios eran inferior a lo que se oferta, concluye

Otro de los puntos para el pedido de desestimación es la confirmación de que la empresa adjudicada, Kamamya S.A., cumplió con la entrega total de lo pactado. En total, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) recibió 410.837 conjuntos de mesas y sillas pedagógicas, lo cual fue certificado por las autoridades educativas el 17 de noviembre de 2025.

La Fiscalía también comparó los precios pagados por Itaipú con otras licitaciones y con el mercado local. El análisis arrojó que el precio promedio de unos G. 752.026 por conjunto es incluso inferior a lo que se oferta en el mercado paraguayo, donde muebles similares cuestan cerca de G. 800.000 y menor a lo pagado en licitaciones similares en Brasil.

Sin perjuicio para el Estado

Finalmente, el requerimiento fiscal destaca que el patrimonio de Itaipú no sufrió ningún daño, ya que por cada guaraní invertido se recibió un bien equivalente en calidad y cantidad. El monto total del contrato y sus adendas ascendió a G. 310.670.983.444, cifra que coincide plenamente con los registros de pago y la recepción de los bienes por parte del MEC.

Con estos argumentos, el Ministerio Público considera que la conducta de Justo Zacarías Irún y otros involucrados es atípica con relación al hecho punible de Lesión de confianza, por lo que solicita al juez que la causa sea archivada definitivamente.

FUENTE: ABC