La agente fiscal María del Carmen Meza, de la Fiscalía Zonal de Iruña, imputó a cinco supuestos miembros de un grupo criminal que habría perpetrado el millonario atraco tipo comando contra la sucursal del Banco Sudameris del distrito de Naranjal, ocurrido el 26 de febrero pasado en horas de la madrugada.

Los procesados, cuyas edades oscilan entre 35 y 51 años, enfrentan cargos por hurto agravado en banda y permanecen recluidos provisoriamente en una dependencia de la Dirección de Policía de Alto Paraná, a disposición del Juzgado Penal de Garantías que interviene en la causa.

Según el acta de imputación, el atraco ocurrió en la madrugada del 26 de febrero de 2026, alrededor de las 01:20 horas. Los ahora imputados, junto a otros miembros de la banda —totalizando unas 25 personas—, habrían sitiado el banco portando armas de fuego de grueso calibre.  La estructura criminal habría dividido sus funciones, mientras un grupo aseguraba el perímetro para impedir el paso de transeúntes, otros colocaban artefactos explosivos y dinamita en gel.

La potente detonación destruyó la bóveda de seguridad y parte de la estructura edilicia del local, lo que permitió que los asaltantes se alzaran con una elevada suma de dinero. Durante la huida, los criminales utilizaron vehículos de diversas marcas (Toyota Auris, BYD Song Plus, Kia Sportage y Toyota Premio), algunos de los cuales fueron hallados posteriormente incinerados. Estos hallazgos se produjeron en caminos vecinales y a orillas del río Yñaro. Además, para asegurar su escape, el grupo arrojó “clavos miguelito” en su trayecto.

La representación fiscal sostiene que los sindicados formarían parte de la organización criminal, con gran poderío logístico y económico. Entre los elementos de convicción se mencionan informes de inteligencia policial y pericias técnicas sobre vehículos que circulaban de manera sospechosa días antes del golpe. También se destacan las evidencias incautadas en numerosos allanamientos realizados el viernes último, entre ellas armas de fuego y teléfonos celulares.

Considerando la gravedad del hecho, el peligro de fuga latente y la alta expectativa de pena, la fiscal María del Carmen Meza solicitó la prisión preventiva de todos los imputados. Asimismo, la representante del Ministerio Público pidió un plazo de seis meses para concluir la investigación y presentar el requerimiento conclusivo.