La Contraloría General de la República detectó en el Hospital de Trauma Prof. Dr. Manuel Giagni la falta de rendición de cuentas y documentos de respaldo para pagos de servicios personales para sueldos, bonificaciones y contrataciones por un monto de G 37.538.270.979.
En la observación, los auditores precisan que “esta situación impidió verificar la razonabilidad y el adecuado respaldo documental de los gastos ejecutados, afectando la trazabilidad de las operaciones, limitando la transparencia y la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos pudiendo afectar la adecuada planificación y disponibilidad de recursos para la atención oportuna de los pacientes”.
A su vez, el hospital no disponía de registros de entrada y salida de útiles y materiales médicos quirúrgicos y de laboratorio pagados por un valor de G. 199.989.262 durante el 2025, impidiendo acreditar su trazabilidad desde la recepción hasta su utilización. “Esta situación limita la capacidad de verificar el destino y uso de los insumos médicos”, refiere el órgano de control.
También se observa que dicho nosocomio funcionó sin habilitación, registro e inscripción vigentes en el año 2025, ni había iniciado las gestiones para su renovación, hecho que afecta el aseguramiento de la calidad, la seguridad y la confiabilidad de los servicios de salud prestados a los pacientes en el citado hospital. Esta situación evidencia el incumplimiento de la ley del Código Sanitario.
Asimismo, se destaca que al momento de la verificación, el Hospital de Trauma no contaba con procedimientos actualizados, documentados y aprobados para la adquisición, recepción y distribución de insumos de hemodinamia. Esta situación propició la ejecución de actividades sin criterios uniformes, limitando la estandarización y la adecuada trazabilidad de los procesos, lo que incrementa el riesgo de inconsistencias y desvíos en los procesos de adquisición.
En cuanto a la trazabilidad de insumos y medicamentos, la Contraloría menciona en su informe final la omisión en la implementación del sistema informático SICIAP para el control de inventario de materiales de osteosíntesis (MOS) e insumos de hemodinamia; uso de llamadas y WhatsApp sin respaldo formal para pedidos de MOS y salida de 9.319 unidades de medicamentos por valor de G. 198 millones sin identificación individual de los pacientes beneficiarios.
Hogares de adultos mayores
Entre las principales irregularidades se cita que el Ministerio de Salud distribuyó productos y/o insumos alimenticios, adquiridos con recursos del presupuesto asignado a la población adulta mayor, a otros beneficiarios que no forman parte de dicho sector poblacional, por valor de G. 76.992.650 que representa el 50,22% del presupuesto ejecutado en el mes de julio de 2025 y por G. 77.762.720 que representa el 49,62% del presupuesto ejecutado en el mes de julio de 2024 y G. 123.765.190 que representa el 61,66% del presupuesto ejecutado en el mes de setiembre de 2023.
“La situación observada impacta negativamente en la provisión de alimentos a la población adulta mayor, la cual, en ocasiones, no dispone de todos los insumos para la preparación de sus comidas conforme a los planes de alimentación y nutrición que requieren”, menciona el documento.
También se detectaron instalaciones abandonadas y se señala el estado de abandono del predio del anterior Hogar Santo Domingo, careciendo el nuevo complejo de áreas verdes para esparcimiento. Así también se verificó la falta de infraestructura adecuada para la refrigeración y almacenamiento de productos alimenticios.
Riesgo ambiental
En el plano ambiental, el Ministerio de Salud no contó con una política nacional de salud ambiental aprobada, y la mayoría de sus establecimientos de salud operaron sin declaración de impacto ambiental, remarca el informe de la CGR.
Hospitales como el Ineram, el Hospital de Itauguá y el Hospital Indígena incumplieron las normas de gestión de residuos hospitalarios, ya que carecen de extinguidores en depósitos y de sistemas de refrigeración para residuos patológicos. En el Hospital de Itauguá, incluso se llegó a utilizar temporalmente una parte de la cámara frigorífica de la morgue para compensar la falta de infraestructura.
Salud mental
Entre las principales falencias se señala que el Hospital Psiquiátrico no tenía habilitación sanitaria vigente, presentaba problemas de higiene, en sanitarios, duchas, salas, áreas comunes y superficies de contacto. También deficiencias en infraestructura, equipamiento, camas, colchones y provisión de ropa limpia.
Asimismo se encontraron dificultades para avanzar en la desinstitucionalización de pacientes de larga estancia, debido a la falta de dispositivos comunitarios alternativos y a la existencia de usuarios internados por orden judicial.
La auditoría también cuestionó la gestión de medicamentos. 27 de los 35 usuarios ambulatorios entrevistados dijeron no haber recibido la totalidad de los medicamentos prescritos. Además, el hospital no registraba adecuadamente la cantidad de medicamentos faltantes, lo que dificulta la planificación del abastecimiento.
En materia de personal y presupuesto, se detectaron inconsistencias, ya que 161 funcionarios que trabajaban en el Hospital Psiquiátrico no figuraban en el sistema, mientras que otros 21 funcionarios fueron imputados presupuestariamente al hospital pese a no prestar servicios allí. También había siete personas que continuaban registradas en el sistema pese a estar jubiladas, trasladadas o fallecidas.
La auditoría observó además pagos de bonificaciones sin documentación suficiente que acreditara el cumplimiento de los requisitos, registros presupuestarios efectuados con posterioridad a los pagos y gastos imputados a actividades de salud mental que correspondían a otros servicios.
Uno de los principales cuestionamientos financieros se refiere a la actividad “Apoyo a los servicios de salud mental”, que tuvo una ejecución de apenas 53%, dejando G. 47.058 millones sin ejecutar. También se detectaron gastos que no guardaban correspondencia con esa actividad, entre ellos G. 44 millones destinados al alquiler de un inmueble para la Dirección de Terapias Intensivas.
Otro punto relevante fue la adquisición, por G. 19.122 millones, de un inmueble destinado a un Centro Residencial de Deshabituación y Rehabilitación de Adicciones. La auditoría señaló que no se acreditó suficientemente, antes de la compra, que el inmueble fuera adecuado para el objetivo previsto. Más de un año después de la adquisición, seguía sin estar operativo y se proyectaban obras adicionales por G. 2.834 millones.
También se cuestionó la compra de 112 equipos informáticos por G. 916,6 millones, de los cuales 53 permanecían en depósito, sin que se acreditara suficientemente su asignación y utilización. Asimismo, se adquirieron 10 cubiertas por G. 10.955.600 sin suficiente justificación sobre la cantidad comprada ni evidencia de la instalación de todas ellas.
La Unidad de Internación Psiquiátrica del Hospital Regional de Encarnación y el Centro de Salud Mental del Hospital Distrital de Santa Rosa no estaban habilitados ni operativos, mientras que el Área Especializada del Adolescente del Hospital General de San Lorenzo tenía su habilitación vencida.
El informe también señala falta de profesionales especializados, sobrecarga del personal, insuficiente capacitación y debilidades en el seguimiento de los servicios. En establecimientos de Encarnación, San Lorenzo y Luque se encontraron espacios inadecuados que no garantizaban plenamente la privacidad y confidencialidad de los pacientes.
La Contraloría también constató falta de insumos, equipos informáticos, materiales y medios de traslado, obligando en algunos casos a los profesionales a utilizar recursos propios, sumado al pago de bonificaciones por gestión presupuestaria sin el cumplimiento de los requisitos legales.
FUENTE: UH