La crisis en el sistema sanitario nacional sumó un nuevo y gravísimo capítulo. En el marco de la huelga general iniciada el pasado lunes 24 de agosto, un grupo de médicos movilizados solicitó formalmente la dimisión de la ministra de Salud Pública y Bienestar Social, María Teresa Barán. La drástica medida se anunció inmediatamente después de que se diera por rota la mesa de negociación que mantenían los representantes gremiales con las autoridades del Poder Ejecutivo.

La petición de renuncia cobró fuerza oficial tras una reunión fallida entre los voceros del sector sanitario y el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, llevada a cabo en la sede de dicha cartera estatal. El reclamo es encabezado por la doctora Rossana González, secretaria general adjunta del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), quien recriminó duramente la falta de liderazgo y la deficiente gestión burocrática al frente del Ministerio de Salud.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por González al término del encuentro, el titular de Economía justificó el rechazo tajante al reajuste presupuestario alegando una severa falta de disponibilidad de fondos públicos para responder a las demandas salariales del personal médico. Esta respuesta negativa terminó por sepultar cualquier posibilidad de consenso inmediato entre las partes.

La exigencia planteada por el gremio no solo reaviva la histórica disputa por mejores condiciones laborales y dignificación salarial, sino que además profundiza la brecha con las autoridades nacionales. Tras el rotundo fracaso de los intentos de acuerdo en la mesa de diálogo tripartita —donde también intervenía el Ministerio del Trabajo—, los profesionales de la salud ratificaron la continuidad de las medidas de fuerza hasta obtener soluciones concretas.