La mayoría de las víctimas tiene entre 80 y 89 años. La Fiscalía insta a denunciar situaciones de desamparo y recuerda que la violación del deber de cuidado constituye un hecho punible.
- 28/07/2026
- Por Edicion Prensa
El Ministerio Público expresó su preocupación por el incremento de las causas relacionadas con el hecho punible de violación del deber de cuidado de ancianos, una problemática que, según datos oficiales, registró un aumento significativo durante los últimos tres años. La situación refleja una realidad cada vez más alarmante vinculada al abandono, la negligencia y la falta de atención hacia personas de la tercera edad.
De acuerdo con el reporte de la representación fiscal, el grupo más afectado está conformado por adultos mayores de entre 80 y 89 años, una franja etaria que presenta un alto grado de vulnerabilidad y que, en muchos casos, depende del acompañamiento permanente de familiares o cuidadores para satisfacer sus necesidades básicas.
Las autoridades señalaron que estas personas requieren asistencia continua en aspectos fundamentales como la alimentación, la higiene, la administración de medicamentos, la atención médica y el acompañamiento cotidiano. La omisión de estos cuidados puede poner en riesgo su integridad física y emocional, además de constituir una vulneración de sus derechos.
El Ministerio Público recordó que la legislación paraguaya tipifica como hecho punible la violación del deber de cuidado de ancianos, por lo que quienes incumplen esta responsabilidad pueden ser investigados y sancionados conforme a la ley.
En ese contexto, la institución exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta ante posibles casos de abandono, maltrato o negligencia hacia adultos mayores y a realizar las denuncias correspondientes ante las unidades fiscales o las autoridades competentes.
Finalmente, la Fiscalía enfatizó que la protección de las personas de la tercera edad es una responsabilidad compartida entre las familias, el Estado y la sociedad, destacando que garantizar una vejez digna, segura y con acceso a los cuidados necesarios constituye un deber legal, ético y humano.