En el marco de la causa, el propietario del comercio y una de las vendedoras fueron imputados y cuentan con arresto domiciliario. No obstante, el beneficio judicial no impide que el establecimiento continúe operando, por lo que el negocio retomó sus actividades normalmente.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por una ciudadana argentina, quien manifestó haber adquirido supuestos teléfonos de la marca iPhone que, posteriormente, se comprobó que no eran originales.

El fiscal Enrique Fornerón explicó que este tipo de beneficios judiciales se encuentran contemplados en la legislación vigente y responden a mecanismos procesales que permiten la aplicación de medidas alternativas, especialmente cuando la causa puede encaminarse hacia una conciliación o reparación del daño, siempre que se cumplan los requisitos legales.

Mientras tanto, la investigación continúa y el Ministerio Público deberá determinar la responsabilidad de los imputados dentro del proceso.