Un nuevo y grave hecho de vandalismo contra la infraestructura eléctrica ha dejado a oscuras un importante tramo del acceso principal a la ciudad de Encarnación. El jefe de distribución de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), el Ingeniero Ángel Maidana, confirmó que delincuentes sustrajeron aproximadamente 200 metros de cables del sistema de alumbrado público en la zona de acceso al puente Quiteria.

El impacto económico de este sabotaje asciende a unos 20 millones de guaraníes, resultado no solo de la sustracción del material, sino también de la destrucción de los registros subterráneos donde se albergaba el cableado.

Un problema recurrente que afecta la seguridad

El Ingeniero Maidana lamentó profundamente la situación, destacando que el daño trasciende lo económico. “El perjuicio no solo es para la institución, sino principalmente para la ciudadanía, porque se trata de una zona clave que queda completamente a oscuras”, señaló el alto funcionario.

Este hecho no es un caso aislado. La ciudad ha registrado una ola de vandalismo similar en otros puntos estratégicos. Sectores como las inmediaciones del Estadio y la zona de Santa María también han sido blanco de los delincuentes, llegando a registrarse hasta 700 metros de cableado faltante en operativos previos.

Nueva estrategia para evitar futuros hurtos

A pesar de las múltiples denuncias presentadas ante las autoridades competentes, hasta la fecha no se han reportado avances significativos ni la identificación de los responsables de estos actos delictivos.

Ante esta falta de resultados y la insistencia en los robos, la ANDE ha decidido modificar su estrategia técnica. La reposición del servicio en la zona del puente Quiteria no se realizará de forma subterránea, sino mediante la instalación de cableado de aluminio en altura. Esta medida preventiva se toma debido a que el cable de aluminio carece de valor comercial en el mercado negro, lo que reduce drásticamente el interés de los perpetradores.

Las autoridades locales reiteran su preocupación, advirtiendo que este tipo de delitos no solo genera pérdidas patrimoniales significativas para el Estado, sino que compromete gravemente la seguridad vial y la tranquilidad de los vecinos que transitan por estas zonas.