Un abogado presentó un pedido de quiebra contra la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) con el objetivo de reclamar el pago de honorarios profesionales derivados de procesos judiciales anteriores. El caso recayó en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 20º turno, a cargo del juez Juan Martín Palacios.

El magistrado confirmó que la solicitud fue presentada el pasado 2 de febrero a través de la mesa de entrada jurisdiccional. Sin embargo, aclaró que el expediente aún no fue recibido formalmente por el juzgado, por lo que el trámite todavía no se encuentra en etapa de análisis procesal.

Según explicó el juez Palacios, el pedido fue promovido por el abogado Manuel Radice, quien argumenta que la estatal incumplió con el pago de honorarios regulados en otros procesos judiciales. En ese sentido, señaló que, una vez recibido oficialmente el expediente, el juzgado deberá verificar si se cumplen los requisitos legales para la admisión del pedido.

El juez detalló que, entre los puntos a evaluar, se deberá comprobar la legitimación del profesional que impulsa la acción judicial y determinar si existen elementos que demuestren una eventual insolvencia de la entidad denunciada. Para ello, la parte solicitante deberá presentar la documentación que respalde su reclamo.

En caso de que el pedido sea admitido, el procedimiento contempla la convocatoria a una audiencia en la que deberán participar representantes de la sindicatura de quiebras, el Ministerio Público y la parte demandante. Recién tras ese proceso podría avanzar el análisis del caso, también indicó que no existe un plazo específico para el impulso del trámite, ya que depende de la gestión que realice la parte interesada para completar la presentación de los documentos requeridos.

De forma general, explicó que una eventual declaración de quiebra implica la inhabilitación del deudor para administrar sus bienes o realizar gestiones financieras, pasando esas funciones a manos de una sindicatura designada por la Justicia.

Hasta el momento, el juzgado no recibió oficialmente la documentación completa ni inició formalmente el estudio del pedido presentado contra la empresa estatal.

FUENTE: EL NACIONAL