Un mes después de ser imputada por supuestamente ordenar la detención de un estilista italiano, presionándolo para que entregara sus bienes por un monto millonario, la fiscala Stella Mary Cano decidió renunciar para acogerse a los beneficios de la jubilación. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) ya había resuelto quitar los fueros a la agente para fuera debidamente procesada.

Ahora, la agente solicitó que se disponga la liquidación y el pago de los haberes que pudieran corresponder, incluido el aguinaldo proporcional y las vacaciones. Por último, agradeció “la confianza depositada durante el tiempo que se desempeñó en tan honrosa función”.

El abogado Guillermo Ferreiro, quien desde hace seis años viene denunciando a la fiscala Cano, celebró la renuncia. 

“Es un logro de toda la gente que peleó contra ella y este sistema perverso, pero ahora no tenemos que permitir que esto se utilice para que todo quede en impunidad. Stella Mary Cano debe rendir cuentas en juicio oral y público”, expuso.

Stella Mary Cano tiene en su contra una serie de denuncias en la Fiscalía, que no avanzaron. Y sobre las acusaciones en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), en su gran mayoría, terminaron beneficiándola con apercibimientos, a pesar de que algunos miembros dijeron que había fundamentos para sacarla del cargo.

Stella Mary Cano fue una figura intocable en la Fiscalía por mucho tiempo y su gestión está rodeada de sombras por denuncias de un supuesto esquema de persecución.

En el 2023, el ministro de la Corte Gustavo Santander calificó la gestión de la fiscala de “vergonzosa”. Expuso que su método era simple: dejar morir los casos y las víctimas nunca encontraban justicia.

Uno de los casos más emblemáticos entre las denuncias contra la fiscala fue la causa de Mario Ferreiro, ex intendente de Asunción, quien fue llevado a juicio por Cano sin pruebas y terminó absuelto.

A partir de entonces, Ferreiro la denunció ante la Fiscalía por ser víctima de una “operación” y un “montaje”. Incluso, se arrimaron pruebas de una trama de chats que sugerirían que la causa fue un “armado” político, pero las denuncias contra la fiscala no avanzaron.

La denuncia se presentó el 28 de enero de 2020 y pasó por diferentes fiscales, como Juan Ledesma, Osmar Legal (ahora juez), Luis Said y actualmente se encuentra en la unidad de la fiscala anticorrupción María Verónica Valdez, quien tampoco avanzó en la investigación.

El caso Ferreiro se habría armado únicamente para sacarlo de la intendencia, según la denuncia. Esto lo revelarían los chats entre Camilo Soares (el denunciante) con personas, como la asistente fiscal de Stella Mary Cano, Silvia Sapriza, y el propio esposo de la agente, Wladimir Woitas.

Se habla de un trasfondo “político” para cocinar la causa, que surge de mensajes entre Soares y Arnaldo Samaniego, Francisco Florentín y Hugo Velázquez, entre otros.

En diciembre del 2019, la asistente fiscal pide al denunciante “datos de las personas que serán imputadas”. Incluso, Soares avisaba a la Fiscalía que tenía gente campana, para que les caigan con un allanamiento a los denunciados.

Actualmente, Cano está imputada por persecución de inocentes en el caso contra el estilista italiano Ciro Panniello, quien fue detenido por orden de Cano para que firme un “acuerdo conciliatorio”, entregando sus bienes por valor de más de G. 700 millones. La imputación fue presentada por su colega, la fiscala Sonia Sanguinés. 

En la causa, el estilista extranjero fue supuestamente notificado en el 2018 para presentarse a declarar en la Fiscalía, tras ser denunciado por estafa, pero la notificación nunca llegó a su domicilio, debido a que se hizo en una dirección diferente, por lo que Stella Mary Cano –quien le investigaba– ordenó la detención del italiano.

Según la denuncia, bajo la advertencia de que iría a parar a Tacumbú, Panniello habría sido obligado a firmar un “acuerdo conciliatorio” con su denunciante y socia para entregar sus bienes por un monto millonario. Posteriormente, presentó la denuncia contra la agente.

Además, el abogado de Paniello, Julio Palma, declaró que en julio del 2018 se retuvo un vehículo a su cliente y que pese a firmar el acuerdo, no le entregaban. Contó que se tuvo que pagar la suma de USD 5.000 al abogado de la denunciante para que la Fiscalía libere la camioneta, en agosto de ese año.

FUENTE: UH