La Contraloría General de la República detectó graves irregularidades financieras en IPS durante sus auditorías correspondientes al ejercicio 2025. El contralor Camilo Benítez presentó el informe al presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, en cumplimiento de disposiciones constitucionales. El documento incluye más de 40 auditorías financieras, de cumplimiento y desempeño.

Benítez informó que durante el periodo se realizaron más de 2.000 actividades de control. Según explicó, cerca del 40 % del trabajo de auditoría se concentró en el Instituto de Previsión Social. El contralor calificó a la previsional como “por lejos la institución más desordenada” del Estado paraguayo.

El informe fue presentado mientras avanza el proceso de designación de autoridades de la Contraloría. Benítez integra la terna y aparece como favorito para continuar en el cargo. Durante su exposición, sostuvo que varias instituciones empeoraron el cumplimiento de sus planes de mejoramiento.

Entre los puntos más llamativos aparecen pagos de jubilaciones a personas fallecidas. Según Benítez, el IPS desembolsó más de G. 50.000 millones a más de 11.000 beneficiarios que ya habían muerto. El contralor indicó que estos errores habían sido advertidos en años anteriores.

Además, se detectó una diferencia superior a G. 624.491 millones entre dos sistemas utilizados para registrar medicamentos. Esa inconsistencia representaría una reducción del 45 % en los medicamentos contabilizados. El informe plantea como posibles causas registros incorrectos, fallas de contabilización y desaparición de productos.

Benítez también mencionó una deuda flotante de G. 1 billón. Según explicó, esta situación limita la capacidad del IPS para adquirir medicamentos. La auditoría identificó además homologaciones de contratos vencidos y gastos por USD 25 millones vinculados a acuerdos privados homologados judicialmente.

Otro punto observado fue la baja rentabilidad de inmuebles arrendados por la previsional. El contralor señaló que algunos generan menos del 1 % de retorno. También advirtió un desfasaje entre los aportes patronales cobrados y los montos destinados al pago de jubilaciones.

Finalmente, Benítez afirmó que empresas privadas y el propio Estado adeudan más de G. 10.000 billones al IPS. Cuestionó la falta de gestión para recuperar esos recursos y señaló que algunas demandas prescribieron. El contralor evitó cuantificar un eventual daño patrimonial y remitió esa valoración al Ministerio Público.

Fuente: ÚH/RDN