Pablo Seitz, titular de Contrataciones Públicas, explicó que cuando se destinan fondos del rubro 800 –transferencias al sector privado– solo se aclara el destino del dinero en una pesquisa.
- 30/03/2022
- Por Edicion Prensa
El titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Pablo Seitz, señaló que se debe realizar un examen exhaustivo, factura por factura, de la documentación emitida por la Gobernación de Guairá, institución que tiene al frente al gobernador cartista Juan Carlos Vera. El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, remitió este martes a la Cámara de Diputados el pedido de intervención de la Gobernación de Guairá. El pedido de intervención fue aprobado por la Junta Departamental en febrero de este año por mayoría de los ediles.
La institución a cargo de Seitz recogió las denuncias hechas por concejales del cuarto departamento y en base a dichos avances señaló que no se va a saber qué hacen –en este caso las gobernaciones y en particular la del Guairá– con el dinero proveniente del rubro 800 sin antes entrar a analizar minuciosamente cada operación.
"Cuando se usan los fondos bajo la figura del rubro 800, tenés una caja negra, con una cantidad de dinero que no se sabe para qué se usó, hasta que presentan la declaración", dijo Pablo Seitz, en entrevista con Radio Monumental AM.
La principal denuncia que pesa sobre la gestión de Vera es la sospecha de que se clonaron facturas y hubo obras fantasmas al estilo del Gobernador de Central, Hugo Javier González.
En base a esto los ediles departamentales ya pidieron en febrero pasado la intervención, ya que consideran que hubo un perjuicio de hasta USD 2 millones en la Gobernación.
Según Seitz, para llegar a corroborar tamaña denuncia hay que entrar a analizar factura por factura para saber si existe o no su contrapartida en los hechos, es decir obras.
"En estos casos cuando se quiere saber en qué se gastó el dinero, se debe pedir facturas por facturas y allí comenzar a realizar un análisis", remarcó el titular de Contrataciones.
Sospecha. Desde febrero pasado, todas las instituciones de control posaron su mirada en la administración de Vera luego de que los ediles, como Juan Rojas del PLRA, hayan solicitado la intervención previo pedido de análisis de las facturas allí elaboradas.
Los ediles departamentales hablan de un perjuicio de USD 2 millones, sumando no solo los fondos Covid, sino otros ingresos que obtuvo la Gobernación dirigida por Vera.
La Subsecretaría de Estado de Tributación verificó tal situación y ante el hallazgo de que las denuncias tenían sustento, envió los antecedentes al Ministerio Público, donde la causa aún no avanza.
Llamativamente, el gobernador es cartista y se multiplican las causas en que miembros de dicho sector no están dentro del radar de la Fiscalía a cargo de la fiscala general, Sandra Quiñónez.
Dictamen de Contraloría. A todo esto se suma que la Contraloría General de la República ya había emitido un informe sobre presuntas irregularidades, como la falta de respaldo de los gastos, la ausencia de la presentación previa de proyectos de bien público por parte de las organizaciones, que asciende a G. 5.258.400.000.
Ahora Diputados tiene en sus manos si avanza o no el pedido de intervención./UH