Una denuncia penal presentada ante el Ministerio Público pone bajo la lupa la gestión del exintendente de Nueva Alborada, Oscar Albino Martínez Ramírez, por presuntas irregularidades en la administración de recursos públicos durante su periodo al frente de la Municipalidad.

La acción fue promovida por el actual intendente Juan Alberto Haugg Fernández, la presidenta de la Junta Municipal, Graciela Concepción Brítez, y concejales municipales. En el escrito se atribuyen a Martínez, de manera preliminar, posibles hechos de lesión de confianza, producción de documentos de contenido falso, apropiación, incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito y asociación criminal.

Uno de los principales cuestionamientos se centra en el manejo de recursos provenientes del Ministerio de Economía y Finanzas. De acuerdo con los datos consignados en la denuncia, durante los años 2022 a 2026 el municipio habría recibido unos G. 21.192 millones provenientes de royalties, Fonacide, FONAE, juegos de azar, alimentación 

escolar y otros conceptos.

Los denunciantes sostienen que existirían egresos sin documentación respaldatoria suficiente y cuestionan la existencia de supuestas “obras fantasmas” o trabajos que no se habrían ejecutado pese a haberse destinado recursos para ellos.

La denuncia también menciona presuntas irregularidades en rendiciones de cuentas, incluyendo facturas y proveedores que los denunciantes consideran que deben ser sometidos a verificación.

Además de Martínez, fueron señaladas otras personas que habrían ocupado cargos dentro de la administración municipal o integrado comisiones vinculadas al manejo de recursos.

Entre las diligencias solicitadas, los denunciantes piden a la Fiscalía requerir documentación a la Contraloría General de la República, verificar facturas y proveedores, analizar la evolución patrimonial de los involucrados y realizar una inspección de las obras cuestionadas.

La presentación solicita igualmente la apertura de una investigación penal y la realización de allanamientos y otras medidas que permitan determinar el destino de los fondos y establecer si existió o no perjuicio al patrimonio municipal.

Hasta tanto avance la investigación, las acusaciones formuladas en la denuncia constituyen señalamientos que deberán ser corroborados por el Ministerio Público y, eventualmente, por la Justicia.