Según el contrato 18/2022 firmado por el Intendente Víctor Garay, Juan Asunción Zayas, Maria Belén Caceres, Derlis Ruben Benitez y Jorge Emilio González, en representación de la Municipalidad y del Consejo, se descubrió que el Consejo de Desarrollo se convirtió en una empresa proveedora de servicios, siendo "contratado" para la ejecución de obras específicas.

En dicho contrato se especifica un monto de Gs. 163.580.000 destinado a la construcción de empedrado. Además, se encontraron facturas por otros servicios con diferentes montos, todos relacionados con obras similares. Este modus operandi habría sido utilizado durante un largo periodo de tiempo, generando millonarias ganancias para el "dueño de esta empresa".

Una prueba más de esta situación es que, según la Secretaría de Estado de Tribulación, el nombre de Víctor Bernardo Garay aparece como dueño de la empresa. Es decir, Garay habría liberado fondos millonarios para el Consejo, que habría utilizado como si fuera su propia empresa. Incluso se encontró el número de teléfono 0985750931 en una factura del Consejo de Desarrollo de Jesús, el cual es propiedad o al menos utilizado por el Jefe Comunal.

En este artículo se presentó solo uno de varios contratos y facturas emitidas en este sistema que va en contra de lo establecido legalmente. Todos estos documentos son de acceso público en el portal de la Contraloría General de la República.

Es preocupante que no se haya encontrado ningún apercibimiento por parte del asesor jurídico Abog. Manuel Lugo, quien debió oponerse a estos desembolsos al carecer de sustento legal.

La ley 3966/10, en su artículo 278, prohíbe a los Intendentes, concejales y funcionarios celebrar contratos con la institución municipal, lo cual los invalida. De comprobarse lo expuesto en este artículo, los responsables estarían sujetos a procesos penales por delitos como lesión de confianza, asociación criminal y otros que se determinarán.