La empresaria prófuga, recientemente capturada, habría desembolsado G. 30 millones para instalar lujos, electrodomésticos y un gimnasio privado en su lugar de reclusión.
- 09/04/2026
- Por Edicion Prensa
Un nuevo escándalo sacude a la Policía Nacional tras revelarse denuncias sobre presuntos privilegios otorgados a la empresaria Dalia López. Según informaciones preliminares, López habría pagado una suma cercana a los 30 millones de guaraníes para transformar radicalmente su celda en una unidad de lujo, equipada con comodidades totalmente ajenas al régimen común de cualquier interna.
Las investigaciones apuntan a que la habitación de reclusión habría sido acondicionada con electrodomésticos de última generación, muebles de alta calidad y un baño moderno. Lo más sorprendente de la denuncia es la existencia de un espacio tipo gimnasio privado dentro del recinto. Incluso, se menciona que la empresaria solicitó y obtuvo el permiso para retirar los barrotes de hierro, elementos de seguridad esenciales, para sustituirlos por una puerta común, eliminando así la estética de encierro.
Autoridades bajo la lupa
El hecho salpica directamente a la jefatura del Departamento Judicial Femenino. El director policial, Hugo Díaz, se pronunció de manera firme ante los medios, asegurando que se realizarán verificaciones exhaustivas en el lugar. "La responsable del departamento deberá dar explicaciones inmediatas si se confirman estas irregularidades", señaló el jefe policial, subrayando que no se tolerarán tratos preferenciales basados en el poder adquisitivo.
Dalia López, vinculada anteriormente al caso de documentos falsos del exfutbolista Ronaldinho, se encontraba prófuga de la justicia paraguaya durante años. Este nuevo episodio de supuesta corrupción penitenciaria reaviva el debate sobre la vulnerabilidad de las instituciones ante el soborno y la falta de control real sobre los internos con recursos económicos. El Ministerio Público y la Comandancia de la Policía Nacional ya iniciaron los trámites para determinar responsabilidades administrativas y penales.
FUENTE: UNICANAL