El ministro del Interior, Enrique Riera, anunció esta iniciativa tras una reunión interinstitucional, destacando la urgencia de tomar medidas concretas ante las alarmantes estadísticas de violencia de género, principalmente en capital y Central.

Según las estadísticas, se registran aproximadamente 70 incidentes de violencia de género por hora en las zonas citadas.

El plan piloto prevé la implementación de 100 tobilleras electrónicas antes de que finalice el año. Estos aparatos estarán destinados a mantener a los agresores lejos de sus víctimas y se utilizarán como una respuesta paliativa para combatir el feminicidio, que es un problema profundamente arraigado en la sociedad, con causas culturales, económicas y sociales complejas.

El ministro Riera destacó que las tobilleras electrónicas no son la solución definitiva para el feminicidio, sino una herramienta adicional para abordar otros tipos de delitos, no exclusivamente la violencia de género.

Sin embargo, el plan piloto enfrenta desafíos importantes, como la adquisición de tecnología adecuada, la asignación de fondos y la regulación necesaria para su implementación. “La semana pasada quedamos con tres deberes pendientes, los fondos, la tecnología y la reglamentación. El decreto reglamentario está listo, los fondos se están buscando y algunas otras alternativas posibles y las tecnologías tenemos claro que tenemos que preparar la rápida respuesta simultánea cuando el agresor abandona el perímetro, usando toda la capacidad de respuesta de la policía”, agregó.

El ministro subrayó la importancia de afinar los detalles para evitar errores en la implementación, ya que están en juego vidas humanas. Mencionó la posibilidad de realizar una subasta electrónica para seleccionar a las empresas proveedoras y se está considerando un enfoque que permita a los procesados con mayor capacidad económica pagar por el servicio, con el objetivo de subsidiar a las familias más vulnerables.

A pesar de los desafíos logísticos y financieros, el gobierno está comprometido con la urgente necesidad de abordar la violencia de género en nuestro país y está dispuesto a tomar medidas audaces para lograrlo.

El fiscal será responsable de solicitar al juez la imposición de las tobilleras electrónicas como medida preventiva, mientras que la Policía Nacional será la encargada de garantizar el cumplimiento y la seguridad de las víctimas en caso de violación del perímetro de seguridad.