El abogado Pedro Ovelar explicó que la imputación al expresidente y exministros se da en torno a la denuncia presentada por el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes


El abogado Pedro Ovelar, representante legal del expresidente de la República y presidente del Partido Colorado Horacio Cartes, se refirió a la imputación del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, Carlos Arregui, extitular de Seprelad; Arnaldo Giuzzio, extitular del Ministerio del Interior; Carmen Pereira, exviceministra de Seprelad; René Fernández Bobadilla, también exministro de la Seprelad; el actual diputado Mauricio Espínola; aparte de Daniel Farías Kronawetter, Guillermo Preda y Francisco Pereira.


Explicó que la imputación se da en el marco de la denuncia presentada por Horacio Cartes a través de su representación legal por una persecución política por las entonces autoridades del Poder Ejecutivo.


“Esto es lo que siempre denunciamos”, dijo el profesional. “Nos estamos interiorizando, aún no he tenido la oportunidad de leer, puesto que es un documento bastante extenso, pero ya en el inicio de la imputación misma se revela los tipos penales por los cuales están siendo imputados”, indicó.


Una estructura

Apuntó que las causas en esta imputación “se basan justamente en investigaciones realizadas por la Fiscalía a partir de la denuncia presentada por el expresidente Horacio Cartes. Nosotros denominamos persecución política en su momento que ocurrió a través de la comisión de varios tipos penales que están listados también en la imputación”.


Aseveró que tanto el expresidente como los integrantes de su gabinete crearon una estructura para perseguir al entonces candidato a la presidencia del Partido Colorado Horacio Cartes, y al también entonces candidato a la Presidencia de la República Santiago Peña, citando parte de la imputación.


“Mario Abdo Benítez en el año 2021 – 2022 habría gestado un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra a figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado, Santiago Peña y Horacio Cartes con el propósito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y principalmente electoral”, dicta el acta de imputación.


En este caso, el abogado indicó que “para llevar adelante su objetivo el expresidente Mario Abdo Benítez habría compuesto su gabinete de ministros con personas con experiencia en el ámbito investigativo, exfiscales del Ministerio Público, entre ellos Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio y René Fernández, y así se establece el esquema que se ha formado con la finalidad de perseguir políticamente a Horacio Cartes”.


Persecución política

Ovelar indicó que en todo momento desde el gobierno y con el apoyo de medios de comunicación e incluso actores políticos internacionales, como la embajada de los Estados Unidos, se llevó adelante un esquema de persecución política.


“Cuando hablamos de persecución política, hablamos simplemente de un título, pero que está descrito según vemos en la imputación a través de conductas previstas en el Código Penal, como revelación de secreto de servicios, revelación de secretos privados de funcionarios con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones y asociación criminal”, sentenció.


Cuestionó, en este sentido, que este esquema también tuvo la participación de los medios de comunicación. “No lo han hecho solos, esto tuvo una gran repercusión a través de medios de prensa, a través de Abc y Última Hora, que no es que hicieron una investigación de estos hechos”, indicó.


Agregó que los medios “han sido parte de la creación de estos hechos para provocar las sanciones, para perjudicar a un líder político y un candidato a la presidencia del partido y afectándolo también quisieron afectar al candidato Santiago Peña, por eso fueron publicados también sus remuneraciones y sus haberes recibidos durante el ejercicio privado”.


Ovelar sostuvo que este tipo de acciones llevadas adelante por nada menos que un presidente de la República debe tener sus consecuencias. “No podemos tolerar en Paraguay que ningún presidente de la República y subalternos de alto grado de la función pública realicen este tipo de actos, esto debe ser sancionado con todas las fuerzas, con todo el rigor de la ley”, puntualizó.


FUENTE: LA NACIÓN