Los mismos serán juzgados en un juicio oral por presuntamente formar parte de una estructura dedicada al narcotráfico.

Además, el juzgado de garantías levantó la prisión preventiva y otorgó la libertad ambulatoria tango a Cabaña como al exparlamentario colorado. En el caso de «Cucho», este usará una tobillera electrónica y podrá movilizarse entre Asunción y Lambaré, pero deberá cumplir con ciertas medidas como la prohibición de salir del país.

Deberán ser juzgados en un juicio los acusados Reinaldo Cabaña Santacruz, Gloria Rossana López Ramírez, Ulises Quintana, Marcelo Cabaña, Yisella Ramírez, Humberto Rodríguez, Diego Medina, Sixto Ramón Arias, Luis Ricardo Yegros Fariña, Flora Lidia Ayala, Juan José Alonso, Víctor Manuel López Acuña, Richard Sebriano, Celso Ortega, Nelson Barrios, Alcides Villagra, Melchor Cabrera, Wilder Amarilla, Cristian Vázquez, Selva María Chaparr, José Dolores Pinto Apostolasqui, Óscar Adrián Monges y Yamil Ramón Cabañas Santacruz.

El Ministerio Público inició el caso Berilo en abril de 2018 a partir de interceptaciones telefónicas que permitieron identificar una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas desde Bolivia, pasando por Ciudad del Este, hacia Brasil. Atribuye a Reinaldo Cabaña el liderazgo de la organización, encargándose de dirigir, financiar y controlar las actividades ilícitas, así como de coordinar operaciones con compradores.

Según la acusación, la estructura estaba integrada por familiares y colaboradores que cumplían funciones específicas: acopio, distribución, intermediación, transporte, seguridad, acondicionamiento de cargamentos y administración de dinero. Parte de la organización también se dedicaba al lavado de activos mediante empresas y negocios utilizados para introducir al sistema financiero ganancias del narcotráfico.

Las investigaciones permitieron incautar grandes cantidades de cocaína y dinero, así como evidenciar múltiples operaciones de comercialización y tráfico internacional. Asimismo, se atribuye la participación de funcionarios públicos y agentes policiales que brindaban cobertura, omitían procedimientos, facilitaban liberaciones, simulaban allanamientos y recibían pagos indebidos.

Se menciona también la intervención de Ulises Quintana, quien habría colaborado con la organización mediante gestiones para liberar personas y dinero, además de facilitar operaciones. Las pruebas incluyen comunicaciones telefónicas, allanamientos y registros que evidencian la coordinación y funcionamiento continuo de la estructura criminal, así como la participación activa de sus miembros en el tráfico y comercialización de estupefacientes y en el blanqueo de capitales.

FUENTE: MEGACADENA