Durante el año se reportaron 34.981 operaciones sospechosas, lo que representa un incremento interanual del 40,7% frente a las 24.859 alertas registradas en 2024.

El aumento de reportes refleja una mayor capacidad de detección, especialmente por parte del sistema financiero, pero también la persistencia de patrones de riesgo asociados a operaciones que no guardan relación con el perfil económico de los clientes.

El análisis por actividad económica muestra una fuerte concentración en el sector de actividades administrativas y auxiliares, que acumuló 13.582 reportes, seguido por operaciones sin sector especificado (3.533) y actividades jurídicas (1.021). A estos se suman sectores como construcción y transporte terrestre, tradicionalmente considerados de mayor exposición al riesgo por su complejidad operativa y menor trazabilidad de fondos.

Por tipo de sujeto obligado, el informe confirma el liderazgo del sistema bancario, que concentró 32.023 reportes, equivalentes a más del 90% del total, consolidando su rol como principal canal de detección temprana. En contraste, cooperativas (201), empresas de medios de pago electrónicos (158); automotores (95), administradoras de fondos mutuos (59), y otros sectores no financieros mantienen una participación aún reducida en el volumen de alertas. 

En cuanto al motivo del reporte, la principal causa sigue siendo la operación fuera del perfil transaccional, con 26.581 casos, evidenciando desajustes recurrentes entre los ingresos declarados y el comportamiento financiero observado. Le siguen las operaciones propuestas no concretadas (4.059), lo que sugiere un fortalecimiento de los controles preventivos, y las operaciones calificadas directamente como sospechosas tras un análisis exhaustivo.

El informe también destaca el uso de publicaciones periodísticas negativas como fuente complementaria de alerta, con 753 reportes, lo que refleja una creciente integración de información reputacional dentro de los sistemas de cumplimiento.

FUENTE: UH