Por unanimidad, el pleno del Senado aprobó el pedido de desafuero al senador Rafael Filizzola.


El pleno de la Cámara de Senadores aprobó el pedido de desafuero del legislador de la concertación Rafael Filizzola. La solicitud fue realizada por la jueza penal de garantías Clara Ruiz Díaz en el marco de la causa por presunta lesión de confianza, que habría ocurrido cuando ocupaba el cargo de ministro del Interior.


De acuerdo a la investigación se habría dado un perjuicio de G. 1.200 millones en la construcción de baños y celdas en las 24 comisarías de Asunción, esto cuando se encontraba al frente del Ministerio del Interior.


“Este es un caso que se refiere a mi administración al frente del Ministerio del Interior, lo que solicito es que los colegas permitan que el pleno se convierta en comisión para poder dar las explicaciones correspondientes y solicitar el pedido de desafuero”, expresó ante el pleno el senador Filizzola.


El legislador indicó que ya había presentado varias acciones de inconstitucionalidad sobre su caso. “Yo había planteado una acción de inconstitucionalidad, se habían presentado varias acciones de inconstitucionalidad contra las actuaciones en este proceso y la Corte resolvió en forma unánime declarar inconstitucionales y nulas todas las acciones, incluyendo la acusación”, explicó.


Ante estas acciones, Filizzola solicitó a sus colegas aprobar el pedido de desafuero remitido por el juzgado penal de garantías. “Creo que lo que corresponde es hacer lugar al desafuero y pido a los colegas que por favor voten a favor del desafuero, de tal manera, que sea cual fuera la decisión judicial pueda contar con decisión antes de fin de año, si el juzgado así lo permite”, apuntó.


El exministro del Interior había aprobado la licitación para la construcción de baños y celdas en las 24 comisarías de Asunción sin ningún análisis técnico o pedido de los comisarios de aquel entonces. En el caso conocido como “comisarías de oro” se habría ocasionado un perjuicio patrimonial al Estado de G. 1.200 millones.


FUENTE: LA NACIÓN