La agente fiscal Irené Raquel Rolón Verdún, de la Fiscalía Zonal de Coronel Bogado, representó al Ministerio Público en el juicio oral y público que afrontó el exintendente de San Cosme y Damián, Aníbal Maidana Vera, hallado culpable por hechos de corrupción durante su gestión frente a la comuna, entre los años 2015 y 2021.

La Fiscalía presentó en su acusación por lesión de confianza pruebas documentales y testificales en contra de Maidana, quien incurrió en una serie de irregularidades durante su administración, entre ellas tres informes conducentes de la Contraloría General de la República.

Si bien la representación fiscal solicitó en su alegato final la pena de cinco años de privación de libertad, además de la imposición de una pena patrimonial, el Tribunal Colegiado dictó una sentencia de dos años de pena carcelaria con suspensión a la ejecución de la condena y la pena patrimonial de G. 200 millones, a raíz de que solo se consideró la malversación de fondos de royalties por G. 200 millones, monto que deberá ser devuelto al Estado paraguayo.

Para la Fiscalía, el exintendente ejecutó obras municipales inconclusas, infringió la Ley n.º 2051/03 referente a contrataciones públicas y al uso de la contratación directa. Asimismo, autorizó transacciones de dinero a cuentas bancarias provenientes del uso de royalties y contrató empresas que no contaban con personal ni maquinaria para la ejecución de obras. También firmó un contrato de provisión de combustible y lubricantes con desembolsos millonarios a favor de su concubina. El perjuicio causado ascendió a G. 2.000 millones, de acuerdo con la acusación fiscal

El Tribunal de Sentencia estuvo conformado por las magistradas Liz Sanabria de Gneiting, Raquel García y Eva Silva.

El juicio oral y público inició el 27 de octubre de 2025, tras la denuncia y auditoría de la Contraloría General de la República, por haber irrespetado resoluciones referentes a la convocatoria a concurso para la adjudicación y ejecución de obras municipales.

La Fiscalía presentará recurso de apelación ante la resolución dictada por el órgano juzgador.

Fuente: Ministerio Público