El Gobierno del presidente Santiago Peña impulsa una reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones para Funcionarios Públicos, conocida como Caja Fiscal, con el objetivo central de evitar su quiebra financiera y garantizar la sostenibilidad del sistema en el mediano y largo plazo.

Desde el Poder Ejecutivo aclaran que la iniciativa no afecta derechos adquiridos, desmintiendo versiones que apuntan a recortes o modificaciones sobre jubilaciones ya otorgadas o consolidadas.

“No se tocan derechos adquiridos”

Durante una entrevista a la 730 AM, el asesor de la Presidencia en Asuntos Sociales y Económicos, Juan Galeano Paredes, fue categórico al referirse al alcance del proyecto:

“Fue una decisión del presidente de la República, Santiago Peña, hacer frente a este problema que acarrea, en términos financieros, el tema de la Caja Fiscal. En ningún momento se afectan los derechos adquiridos. Eso se respeta completamente. Esto es un tema estrictamente financiero”.

Según explicó, el sistema previsional estatal ya no se encuentra en condiciones de sostenerse tal como está, debido al creciente desequilibrio entre ingresos y egresos.

Un problema estructural

La Caja Fiscal arrastra déficits crónicos desde hace varios años, producto de múltiples factores:

-Envejecimiento de la población jubilada

-Menor cantidad de aportantes activos en relación con los beneficiarios

-Regímenes especiales con beneficios superiores a los aportes realizados

-Aumento sostenido del gasto público previsional

Este escenario obliga al Estado a cubrir el déficit con recursos del Tesoro, presionando las finanzas públicas y limitando la capacidad del Gobierno para invertir en otras áreas sensibles.

Enfoque financiero y de sostenibilidad

Desde Presidencia insisten en que la reforma tiene un enfoque estrictamente financiero, orientado a:

-Evitar el colapso del sistema jubilatorio estatal

-Garantizar el pago futuro de jubilaciones y pensiones

-Ordenar el funcionamiento de la Caja Fiscal

-Reducir la dependencia del financiamiento estatal

“El problema ya no admite postergaciones”, señalan fuentes del Ejecutivo, que consideran que no actuar hoy implicaría un riesgo mayor para las futuras generaciones de jubilados.

Un debate inevitable

La reforma de la Caja Fiscal se perfila como uno de los debates estructurales más importantes del actual gobierno. Si bien genera resistencias y cuestionamientos, el Ejecutivo sostiene que se trata de una decisión necesaria para preservar el sistema y evitar una crisis mayor.

El mensaje oficial es claro: no se trata de recortar derechos, sino de salvar la Caja Fiscal antes de que sea demasiado tarde.